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En los últimos días el debate político ha girado en torno a la polémica del padrón para los inmigrantes sin papeles. Los medios de comunicación han bombardeado al ciudadano de a pie, con opiniones a favor y en contra sobre el tema, y éste escamado por las ocurrencias cada vez más frecuentes de nuestros políticos ha descubierto, una vez más, la incompetencia del Gobierno y de toda la clase política, al no advertir que la ley de Bases de Régimen local y la de Extranjería incurren en una incongruencia al obligar a los ayuntamientos a empadronar a los inmigrantes sin papeles, al mismo tiempo que decretan para ellos la expulsión.

En un país serio, la Ley de Extranjería no debería hacer aguas a dos meses de su reforma sino modificar criterios y no provocar dudas en cuanto a su interpretación.

España ha dejado de ser un país de emigrantes, principalmente en la década de los 60, para pasar a un país receptor de inmigrantes en la época actual.

Ante un problema totalmente nuevo pero tremendamente serio como el de la inmigración, los políticos españoles han dado la espalda a Europa, pensando que no tienen nada que aprender de nadie y que el Viejo Continente no tiene que enseñarles  qué hacer con los inmigrantes. Quieren convertir a España en la antorcha de la progresía, para sacudirse sus propios complejos y parecer políticamente correctos. Quieren convertir al Estado en la gran matrona que proporcione su protección a cualquiera que la solicite, de manera universal y gratuita, independientemente de su situación legal, sin ningún tipo de matices, diluyendo la diferencia entre inmigrantes ilegales y sin papeles, ante la cara atónita de las capas más desfavorecidas de la sociedad española, que ven mermadas sus ayudas. 

Una vez más se cumple el slogan de que España es diferente porque en Francia, los sin papeles pueden escolarizar a sus hijos pero sólo reciben atención sanitaria en casos de extrema emergencia. En Inglaterra la sanidad estatal los atiende exclusivamente si se trata de una emergencia. En Italia se ha creado un sistema de ambulatorios especiales con tarjetas anónimas y restrictivas, mientras que en España existe la barra libre y el aumento del llamado turismo sanitario.

Acomodados en sus confortables poltronas, nuestra clase política, vive en una España virtual, estirando un presupuesto que endeudará hasta a nuestros nietos. No les interesa coger al toro de la inmigración por los cuernos porque mojarse les supondría demasiados riesgos.

La inmigración se ha convertido en una poderosa arma electoral, que aviva la lucha vil entre partidos e incluso el líder de la oposición, el Sr. Rajoy, se ha apuntado al carro de las ocurrencias.

El líder popular pretende que no sea necesario empadronarse para recibir asistencia médica o para escolarizar a menores al tratarse, según él, de “derechos garantizados por la condición del ser humano”. ¿No tenían condición humana los españoles, portugueses e italianos que cuando se les terminó el trabajo en centro Europa tuvieron que volver, sin ninguna otra opción, a sus países de origen? ¿Por qué no realizar una política de inmigración adecuada a las necesidades del país para evitar lo que ahora realmente vivimos?

Mientras nuestros políticos divagan, evitando llamar a las cosas por su nombre, el ciudadano de a pie conoce y sufre la realidad de los ambulatorios, de las escuelas, de la vivienda, de las prestaciones, de los ayuntamientos, que sin capacidad y sin medios tienen que solucionar los problemas de una casta política que teoriza y que ante la palabra xenofobia se lleva las manos a la cabeza mientras ignora, que su comportamiento produce un segundo efecto llamada, y es que en la España del “Chiquilicuatre” y de los “reality show”, es posible levantarse un día con un sin papeles como alcalde e incluso como presidente del gobierno, por el hecho de parecer políticamente correctos

Con una política a golpe de ocurrencias en todos los campos, los Pirineos vuelven a crecer de nuevo, separándonos de Europa y del mundo desarrollado.